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09/12/2012 abc.es - ALICANTE (COMUNIDAD VALENCIANA)

Un Cadillac contra los «narcos»

Las fuerzas de seguridad utilizan lanchas y coches de lujo incautados a los traficantes para luchar contra la delincuencia

Se construyó una falsa identidad como piloto de avión, se sometió a una operación de cirugía estética para desfigurar su rostro e incluso se cambió las huellas digitales de las manos por las de los pies, para evitar ser localizado por la Policía. De este modo, logró permanecer huido de la Justicia durante siete años, para eludir la condena que le había impuesto el juez de la «operación Nécora» por su colaboración con los cárteles colombianos de la droga.

Finalmente, Francisco Javier Martínez Sanmillán, conocido como «Franky», fue detenido en 2006 a las puertas del lujoso chalé que se había comprado en la población alicantina de Pedreguer, donde residía con su exmujer y sus dos hijos. La Policía sostiene que se compró la mansión, valorada en tres millones de euros, con los beneficios que había obtenido del tráfico de droga.

La mansión de «Franky»

El «Franky» se sentó en el banquillo el pasado mes de noviembre, acusado de blanqueo de capitales. Su lujosa mansión con piscina de Pedreguer, conocida como «Campell», hoy funciona como un centro de atención a personas discapacitadas y enfermos mentales que da servicio a toda la comarca de a Marina Alta.

En diciembre de 2007, un año después de que «El Franky» fuera detenido, el Juzgado de Instrucción número 7 de Denia cedió el uso del inmueble al Consell para destinarlo a fines sociales bajo la administración del Ayuntamiento de Pedreguer. La Ley española permite que, siempre bajo supervisión judicial, los bienes incautados a los narcotraficantes puedan ser cedidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para destinarlos a la lucha contra el tráfico de drogas, o bien a entidades públicas y privadas que puedan darle una utilidad social.

Con sardinas congeladas

A propuesta del presidente de la Audiencia Provincia de Alicante, Vicente Magro, la Comisión Provincial de la Policía Judicial de Alicante aprobó el año pasado un protocolo para agilizar la cesión de bienes muebles intervenidos a los narcos a favor de entidades sociales. Fruto de este acuerdo, la Policía cuenta con un listado de 25 asociaciones a las que se le pueden ceder artículos intervenidos como electrodomésticos, ordenadores, neveras o televisores. En aplicación de esta norma, los inmuebles intervenidos a los narcotraficantes pueden ser utilizados como residencias o centros sociales.

En cambio los vehículos y embarcaciones suelen ser cedidos por el juez a los propios cuerpos de seguridad para que los utilicen en la lucha contra el narcotráfico. En noviembre de 2009, la Guardia Civil desarticuló una red que había introducido 11 toneladas de hachís en la provincia de Alicante. La droga había sido desembarcada en Alicante y trasladada a una nave industrial de Santa Pola, desde donde los traficantes tenían previsto trasladarla en tres camiones de gran tonelaje, oculta en un cargamento de 11.000 kilos de sardinas congeladas. Utilizando este negocio como tapadera, el cargamento de pescado había sido importado por una empresa con domicilio en Las Rozas (Madrid).

La Guardia Civil también intervino a la red una flota de vehículos de gran cilindrada -entre los que se encuentra un Cadillac, un BMV, un Porsche y un SAAB 9.000- que e juez ha puesto a disposición de la Comandancia de Alicante. El juez puso a disposición de la Guardia Civil estos vehículos que pueden ser utilizados única y exclusivamente para labores de investigación y persecución de los narcotraficantes, nunca para usos privados o de representación institucional.

En todos los casos, el juez autoriza el uso de estos bienes en depósito, antes de que se produzca sentencia definitiva. Luego pueden ser subastados por la Justicia, para afrontar la responsabilidad civil impuesta a los narcotraficantes, o bien devueltos a sus propietarios si la sentencia es absolutoria.

También varias de las lanchas semirrígidas que el Servicio Marítimo de la Guardia Civi utiliza habitualmente para patrullar el interior del puerto de Alicante proceden de los bienes incautados a redes de narcotráfico.

La Policía Nacional abordó en octubre de 2010 un velero, situado a 30 millas de Alicante, en e que otra red de narcotráfico transportaba 3.200 kilos de hachís procedente del norte de África. También en este caso, la Guardia Civil solicitó a la Justicia que le cediera el uso de la embarcación. Sin embargo, el juez denegó la petición por considerar que un velero no es un medio adecuado para perseguir a los narcotraficantes.

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