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01/10/2012 intereconomia.com / la gaceta

La Fiscalía estudia si el juez De Castro prevaricó en el ‘caso Bolinaga’

La providencia fue notificada a las partes el 24 de septiembre y fue dictada por el magistrado José Ramón Soriano.

La Fiscalía del Tribunal Supremo estudia si el juez Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, cometió un presunto delito de prevaricación al decretar la libertad condicional al etarra Jesús María Uribetexeberría Bolinaga. Así lo ordena la providencia dictada por el magistrado José Ramón Soriano y notificada el pasado día 24 de septiembre a las partes. 

Según la querella presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, “la conducta del magistrado De Castro constituye un delito de prevaricación tipificado en el artículo 446.3 del Código Penal, que castiga la actuación de un juez que a sabiendas, dictare una resolución o sentencia injusta”.

Esta acción se produce, añade la acusación, en “la intervención del querellado en la maquinación y resolución de excarcelar a un terrorista en fase no terminal” como mantenían los informes forenses. Y es que el escrito presentando ante el Supremo denuncia que “el artilugio jurídico montado por el juez De Castro prescindió del procedimiento establecido en el Código Penal y Reglamento Penitenciario”. Aparte de practicar diligencias en el hospital de Donostia sin avisar antes al Ministerio Fiscal.

Manos Limpias explica en la querella que el auto dictado el 30 de agosto de 2012 es “manifiestamente arbitrario, injusto e ilegal” al apartarse de los requisitos establecidos en la ley para conceder la libertad por razón de enfermedad a terroristas que se encuentran en prisión. En definitiva, “la conducta del juez De Castro es dolosa por lo que no puede tener amparo como imprudencia grave o ignorancia inexcusable”, subraya la querella. El etarra Bolinaga no estaba terminal, según los médicos, por lo que no se pudo aplicar el artículo 92. 3 del Código Penal. Como diligencias de prueba para admitir la acusación se solicitan el interrogatorio al magistrado querellado y numerosas documentales como los informes médicos y los escritos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En cualquier caso, “si se analiza el auto en su literalidad se observan numerosas contradicciones y una aplicación e interpretación torticera de la ley”, argumenta la acusación. Es más, “todo el conjunto que rodeó el dictado del auto parece que la decisión estaba tomada de antemano, ya que intenta con las diligencias que practica fundamentar una decisión que no tiene cabida ni en la letra ni en el espíritu de la ley”, concluye. Al parecer es muy llamativo “el interés del magistrado De Castro en el asunto porque suspendió sus vacaciones de verano para dictar la resolución cuando su juzgado estaba cubierto con el sustituto legal”

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